miércoles, 9 de octubre de 2013

LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

Esta ha sido mi intervención en nombre del Partido Socialista de Arganda en las Jornadas en Defensa de los Servicios Públicos en las Administraciones Locales organizadas por CCOO:

Desde el Partido Socialista consideramos que la contrarreforma de la Administración Local que quiere imponer el Gobierno parte de una premisa falsa y malintencionada: las administraciones locales son caras y suponen un elevado coste para el conjunto del estado, unas veces porque realizan tareas que no les corresponden (las manidas competencias impropias) y otras veces porque son ineficientes.
Estamos todos de acuerdo en que las administraciones locales necesitan una reforma. Una reforma que resuelva los problemas de financiación que tienen los ayuntamientos y que simplifique su estructura administrativa. Pero el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros no soluciona ninguno de estos problemas, como tampoco clarifica las competencias ni evita duplicidades.
Lo único que hace esta Ley es daño. Establece despojar de competencias a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes, es decir, el 95% de los mismos, para que pase a ser la Diputación Provincial la que decida y preste servicios públicos como el abastecimiento de agua, la recogida de basuras, la limpieza viaria, la pavimentación de las vías o el tratamiento de residuos.
Además será también esta Diputación la que decida si presta ella misma esos servicios o si los pone en manos de otros, dejando así la puerta abierta a su privatización.
Y por si fuera poco y con la que está cayendo con 6.000.000 de parados, provocará la pérdida de miles de empleos públicos. Hasta 250.000 estarían en riesgo según nuestros cálculos.
Esta es una Ley, por tanto, en contra de todos y que hace daño a los ciudadanos. El Gobierno en este caso se ha superado a sí mismo en autoritarismo y soledad política pues tiene en contra hasta a los propios alcaldes del PP y hace caso omiso a las recomendaciones del Consejo de Estado que emitió un crítico y duro informe sobre este Proyecto de Ley.
Entre otras cosas, el Consejo de Estado le dice al Gobierno en su informe que no se justifica el ahorro con los cambios de estructura que plantea y que tampoco se acredita que la prestación de servicios por parte de la Diputación Provincial vaya a realizarse con menor coste del que tiene ahora prestándose por parte de los ayuntamientos. El Consejo pide al Gobierno que revise en profundidad el texto para darle la coherencia y el rigor del que carece.
El PSOE se ha opuesto desde un principio a este ataque frontal a la autonomía local garantizada por la Constitución. Los Ayuntamientos han sido instituciones clave durante la transición democrática. Gobernar desde la cercanía y la proximidad ha sido la seña de identidad que ha facilitado la profunda transformación y modernización de España durante las últimas décadas. El gobierno local ha resultado y está resultando una eficaz forma de facilitar el ejercicio de los derechos de nuestros vecinos y el acceso, en condiciones de igualdad, a prestaciones y servicios no importando el lugar donde vivan.
Esta reforma es, por tanto, peligrosa y hace más frágil nuestra democracia. Además demuestra un profundo desconocimiento del papel que desempeña la estructura municipal en la vertebración del Estado.
Decía que el PSOE se ha opuesto desde un principio ya que la propuesta sólo considera criterios económicos sin tener en cuenta el beneficio social que los servicios públicos comportan al ciudadano. Y como nosotros se han opuesto todos los grupos de la oposición en el Congreso.
Aquí en Arganda hemos presentado en Pleno dos mociones al respecto. La primera solicitando la retirada del Anteproyecto e instando a abrir un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la FEMP. Y la segunda, este mismo mes, solicitando otra vez la retirada en aras de defender y potenciar la red pública de servicios sociales de atención primaria, ya que ha demostrado a lo largo del tiempo su capacidad de llegar a los que más lo necesitan, así como la eficiencia de su trabajo y la capacidad de generar empleo.
Ambas mociones contaron con el apoyo de todos los Grupos Municipales representados en el Pleno con la sorprendente excepción de UPyD.
Pese a ser tachados de oportunistas y de reiterativos, presentamos esta segunda moción enfocada a salvaguardar los Servicios Sociales porque el Anteproyecto de Ley deja sin definir las competencias municipales que siguen estando compartidas con las Comunidades Autónomas y que por lo tanto continúan dependiendo de lo que éstas decidan, con una única excepción, precisamente los Servicios Sociales. Éstos son objeto de una Disposición Transitoria que posibilita la privatización de los mismos.
Todas y cada una de las reformas que está llevando a cabo el Partido Popular y que rezuman un tinte ideológico tienen un objetivo mucho más prosaico, el beneficio de la clase empresarial amiga y el desmantelamiento de todo lo que huela a público para ponerlo en manos de la iniciativa privada sin que a nadie importe que a los ciudadanos se les presten unos servicios de peor calidad, menos eficientes y, aunque se empeñen en negarlo, más caros. Está pasando con la reforma laboral, está pasando con la Educación, está pasando con la Sanidad y quieren que pase con las Administraciones Locales.


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